UPOA apoya a la alcaldesa y considera que la cruz no se levantó con fines religiosos

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La grúa se dispone a preparar el trabajo

Unidad Popular de Aguilar, UPOA, ha hecho público un comunicado en el que expresa su apoyo a la alcaldesa, Carmen Flores, y considera que se ha cumplido la ley retirando la cruz de las Descalzas. Desde la formación política argumentan que esta cruz no se construyó como símbolo religioso para el culto sino con la única finalidad de enaltecer al fascismo. Recuerdan que fue construida por una Comisión Gestora Municipal franquista en el año 1938 tal y como consta en las actas municipales. Asimismo UPOA afirma que el Ayuntamiento debe de cumplir la ley puesto que se contemplan sanciones económicas para las administraciones que mantengan simbología franquista en los espacios públicos. Reproducimos aquí íntegramente el comunicado de UPOA.

AGUILAR. “Ante la retirada de la cruz de las Descalzas por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, desde UPOA queremos manifestar lo siguiente:

  • En primer lugar, y como consideración previa, queremos destacar que, desde que la señora Alcaldesa firmó el decreto para llevar a cabo esta actuación el pasado viernes 15 de enero hasta la retirada de la cruz pasaron 4 días.

Desde este día, las fuerzas reaccionarias, la alta jerarquía de la iglesia en Córdoba, grupos fascistas como VOX, elementos antidemocráticos y de derechas, han querido marcar una agenda al resto de fuerzas políticas con representación municipal.

UPOA tenemos nuestra propia agenda, porque quien quiere marcar esta agenda no sabe, quizás, que en el Ayuntamiento llevamos trabajando desde el año 2009 en materia de memoria histórica. Años de trabajo en los que UPOA ha trabajado intensamente con propuestas y con participación. Han sido numerosos los plenos municipales en los que UPOA ha pedido al equipo de gobierno de turno el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Histórica en todo su contenido.

En estos días se han encargado determinadas personas, entidades, asociaciones y partidos políticos de mentir, de no ser rigurosos, de no decir lo que saben o de hablar de lo que no saben, de tergiversar, de confundir, de insultar y de amenazar, y todo desde el engaño o desde un profundo desconocimiento.

  • En segundo lugar, desde UPOA queremos manifestar una vez más nuestro compromiso con todas aquellas medidas dirigidas a cumplir con las leyes de memoria histórica, tanto la estatal como la autonómica, las cuales obligan a las Administraciones Públicas a la retirada de toda la simbología de enaltecimiento del franquismo, a la vez que a dignificar a todos y todas las represaliadas de la dictadura franquista, buscando y exigiendo verdad, justicia y reparación.
  • En tercer lugar, desde UPOA queremos mostrar también nuestra absoluta solidaridad con la señora Alcaldesa por los insultos y las descalificaciones que está recibiendo por parte de un sector minoritario y reaccionario, así como por las amenazas recibidas.
  • En cuarto lugar, es necesario que la ciudadanía sepa que la retirada de este símbolo, en este caso la cruz de las Descalzas, es porque existe un acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, con fecha de 4 de abril de 1938, para la construcción de una gran cruz “destinada a perpetuar la memoria de los Caídos por España”. Es decir, no se aprueba su construcción como un símbolo religioso, ni se aprueba poner una lápida con los nombres, sino que lo que se aprueba es el enaltecimiento del franquismo y de la represión que ejercieron contra el pueblo con la construcción de una gran cruz.

Por lo tanto, no se puede entender de ninguna manera en su retirada como un símbolo religioso, sino como lo que era, un símbolo de enaltecimiento de un golpe de estado contra la legalidad vigente de la Segunda República, de torturas, de asesinatos, de represión, de exilio, es decir, de una de las etapas más negras que ha vivido nuestro pueblo, que es lo que supuso el franquismo y su dictadura.

Por lo tanto, es un deber y una obligación democrática aplicar la Ley de Memoria Histórica, que establece que esta clase de símbolos deben ser retirados y, no sólo la cruz de las Descalzas y en nuestro pueblo, sino todos los símbolos de enaltecimiento del franquismo y en todo el territorio del Estado español.

  • En quinto lugar, la retirada de la cruz de las Descalzas no ha sido una decisión tomada a la ligera. El 28 de mayo de 2009, con todos los votos a favor y una sola abstención del PP, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera la creación del Consejo Sectorial Local de Memoria Histórica. Su finalidad era y es la de canalizar la participación de los ciudadanos y del tejido asociativo aguilarense en cuestiones relativas a la aplicación de la legislación vigente en materia de Memoria Histórica por parte del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

Desde entonces, desde hace más de 11 años, se viene trabajando por parte del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en la recuperación de la memoria histórica y en la aplicación de la legislación vigente en la materia. Por tanto, es una decisión muy madurada y meditada, al mismo tiempo que rigurosa y documentada.

  • En sexto lugar, queremos recordar parte del texto aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos en el Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, el día 8 de junio de 2012, con motivo de INCOAR EXPEDIENTE PARA EL NOMBRAMIENTO DEL ALCALDE JOSÉ MARÍA LEÓN JIMÉNEZ Y LOS CONCEJALES FUSILADOS CON MOTIVO DEL GOLPE DE ESTADO DE 1936 COMO MIEMBROS HONORARIOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA, A TITULO POSTUMO. “Seguidamente tomó las palabra el Sr. Alcalde Presidente, quien dio lectura a la parte expositiva de la proposición conjunta de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, que literalmente transcrita, dice: “Tras el 18 de julio de 1936, cuando diversos jefes militares se levantaron en armas contra la II República Española, se desató por parte de los rebeldes una feroz ola de represión que segó la vida de miles de españoles, defensores del régimen constitucional establecido. En Aguilar de la Frontera, donde la guardia civil se posesionó del Ayuntamiento el 20 de julio de ese año, se dio inicio por parte de las nuevas autoridades locales a la ejecución, sin ningún tipo de juicio, de muchos aguilarenses que estuvieron vinculados a alguno de los partidos que, unos meses antes, habían constituido el Frente Popular. Esta represión sistemática e indiscriminada afectó a varios miembros de la Corporación que fueron asesinados en los primeros meses del conflicto. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, como legítimo representante de la ciudadanía aguilarense, ha expresado reiteradamente su compromiso con la recuperación de la memoria de los sucesos acaecidos en la localidad como consecuencia del conflicto civil habido en España entre 1936 y 1939. A ello han respondido diversas iniciativas tendentes al reconocimiento de quiénes perdieron su esperanza, su libertad, su futuro y, en muchos casos, su propia vida por defender los principios del sistema democrático vigente entonces, que hoy halla su continuidad en el Estado surgido tras la aprobación de la Constitución de 1978”.

Pues bien, en honor de los que ejecutaban sin ningún tipo de juicio, de los que obligaban a irse al exilio a muchos y muchas aguilarenses, de los que reprimieron al pueblo, de sus asesinos, se aprobó por decisión de la Comisión Gestora franquista que en ese momento gobernada en Aguilar de la Frontera levantar este monumento, en este caso una gran cruz.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Es imprescindible en una sociedad democrática juzgar a todos estos verdugos, pero la Ley de Amnistía de 1977 pactada por todos los partidos políticos no lo permite, y en todo caso tenían que haber sido juzgados por crímenes de lesa humanidad, que como se sabe no prescriben.

Que sirva este comunicado para pedir, una vez más, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 para que lo genocidas y asesinos puedan ser juzgados por la justicia.

  • En séptimo lugar, pedimos a la ciudadanía aguilarense rigurosidad y memoria histórica, y que haya justicia es necesario para ello.

La retirada de un monumento o símbolo, en este caso una cruz erigida para la exaltación del fascismo por decisión de una Comisión Gestora municipal franquista en 1938, es un acto de justicia, de justicia democrática, de reparación. Es un acto democrático y nunca puede entenderse como un ataque o una ofensa a los sentimientos religiosos. Aquellos que apelan a la amnesia colectiva para instalar su odio ideológico, mintiendo a sabiendas de que mienten, queriendo engañar y confundir a la gente, no van a poder con el peso de la historia ni con las ideas democráticas.

¿Cuántos son los y las aguilarenses que pueden contar como subían a su padre, a su tío, a su hermano a un camión por las noches o al alba para ser fusilado?

La cruz de las Descalzas se erigió en honor de los que fusilaban y reprimían, que a nadie se le olvide, porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.

  • En octavo lugar, en los últimos días el Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a la Diputación de Córdoba requiriendo información de los pueblos de menos de 20.000 habitantes de la Provincia y en su escrito, entre otras cosas, dice lo siguiente: ”El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía establece que “la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas”.

Asimismo, la ley ordena que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, “adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.

En este sentido da la razón, como no podía ser de otra manera, al trabajo desarrollado durante tantos años por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. ¿Puede estar más claro?

  • En noveno lugar, para nada tiene una connotación religiosa la retirada de la cruz de las Descalzas. Quien le dio una connotación religiosa fue quien decidió en su momento que el monumento a levantar en “honor de los Caídos por España” fuera una gran cruz y no otro tipo de simbología.
  • En décimo lugar, rechazamos y condenamos las palabras del Obispo de Córdoba, amenazando a la señora Alcaldesa por tomar esta decisión de su exclusiva competencia. No se puede ni se debe amenazar a un cargo público ni a una institución por cumplir la ley, en primer lugar, y por buscar justicia, verdad y reparación, en segundo lugar.
  • En décimo primer lugar, nos ponemos a la entera disposición de la señora Alcaldesa y del Grupo Municipal de IU para que, en caso de querer tomar medidas legales ante las amenazas recibidas, puedan contar con todo nuestro apoyo.
  • En décimo segundo lugar, nuestra organización política no es tan ingenua para no saber que, ante unas elecciones, bien sean municipales o de cualquier otro tipo, ciertos estamentos toman medidas, pues claro que las toman. En las próximas y en las pasadas.
  • En décimo tercer lugar, desde UPOA queremos dejar claro que no hay vinculación entre la retirada de la cruz de las Descalzas y lo que IU quiera poner en este espacio público. Son cuestiones totalmente distintas. Las dos cosas son competencia del equipo de gobierno y de la señora Alcaldesa, pero no tienen vinculación. Lo que quiera poner IU en este espacio público, que como decimos ya daremos UPOA nuestra opinión cuando lo conozcamos, no tiene nada que ver con la retirada de la cruz de las Descalzas.

Asimismo queremos dejar bien claro que el tratamiento de la retirada de la cruz, tanto previo como posterior, ha sido por decisión exclusiva de la señora Alcaldesa y de su equipo de gobierno, así como del manejo del expediente y su contenido. A UPOA en ningún momento se nos ha informado de nada ni se nos ha pedido opinión. En este sentido, entendemos que haber cuidado las formas también hubiese sido un elemento necesario.

  • En décimo cuarto lugar, queremos terminar nuestro comunicado mostrando una vez más nuestro apoyo al cumplimiento de la legalidad vigente.

Es algo que, desde hace muchos años, desde UPOA venimos reclamando y seguiremos haciéndolo. Hay que quitarle la medalla de oro a Franco otorgada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera durante la dictadura, así como las distinciones y horones a otros conocidos falangistas o al propio asesino y genocida Queipo de Llano, o quitar del callejero de nuestro pueblo el nombre de conocidos falangistas y que aún lo tienen, a pesar de que UPOA insistentemente venimos reclamando su cambio, para así hacer cumplir la ley.

Hacemos un llamamiento al conjunto de la población a la serenidad, a no dejarse llevar por dimes y diretes, a la defensa democrática de las instituciones públicas como es el Ayuntamiento; y a no entrar al trapo de quien quiere utilizar esto como un argumento ideológico ocultando paraUPOA ello la verdad. El cumplimiento de la legalidad es una obligación institucional que, de no hacerse podría tener consecuencias económicas para nuestro Ayuntamiento y legales para quien gobierna.

Cumplir la ley es una obligación para quien pide que se cumpla rigurosamente.

Cumplir con nuestra historia exigiendo dignidad, así como verdad, justicia y reparación, también lo es.”

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