AGUILAR. Un presunto desmantelamiento de la oficina del consumidor de Aguilar para acabar finalmente con su desaparición. Esto es lo que, según María del Carmen Jiménez, responsable de esta oficina en Aguilar, se quiere hacer por parte de la alcaldesa, María José Ayuso y el equipo de gobierno socialista.

En una extensa nota explica los antecedentes de esta oficina. Recuerda que se creó hace

18 años y, desde el primer momento, “Consumo tuvo como finalidad prioritaria un trabajo constante en la defensa del consumidor frente a aquellas empresas que pudiesen atentar contra los derechos legalmente reconocidos a los ciudadanos.   Así, la oficina se convirtió en una defensora de los ciudadanos/as de Aguilar contra “el saqueo de los bolsillos del  consumidor y de sus derechos”.

En  el escrito se advierte que durante 16 años, la oficina de consumo fue ubicada en un lugar  que carecía  de intimidad y privacidad para atender los problemas del usuario, con la confidencialidad que éste se merece.

Mantiene que “con  el tiempo se añadieron a las deficiencias iniciales, la falta de requisitos sanitarios básicos: humedad y moho en paredes, insectos, ratas o excrementos de palomas. Todo ello conllevaba el riesgo al que se exponía la salud física de los ciudadanos, y de la técnico de consumo,  que acudían día a día,  durante años, a un espacio propenso a toda clase de infecciones y contagios”.   LES INFORMA AGUILAR TELEVISIÓN GRUPO COMUNICA.

Según indica “se emitieron dos informes de prevención de riesgos laborales,  a los que se les hizo caso omiso.  Una Inspección de Trabajo hubiera clausurado dicha oficina de inmediato por riesgos para la salud pública de la empleada municipal, y los usuarios.

Por fin se valoró la necesidad urgente de trasladar la Oficina de Consumo a un lugar  que reuniera los requisitos estructurales básicos para la atención respetuosa y digna, tal como  todo ciudadano se merece.  De este modo,  hace  escasamente dos años se trasladó dicha Oficina del Consumidor al edificio conocido  como  “Santa Brígida”,   con un habitáculo que ofrecía las exigencias de confidencialidad y sanidad necesarias.

En este lugar se incluía una “zona de espera” específica para el consumidor, la climatización de la misma o  servicios sanitarios”.

ESTRATEGIA DE DESMANTELAMIENTO

Jiménez Torrubia dice que “en los últimos tiempos, parece desprenderse la existencia de una estrategia de desmantelamiento de la Oficina de Consumo.    De modo, que  a pesar de la gran demanda de usuarios existente,  por los problemas y conflictos que las grandes empresas causan al consumidor,  no se facilita un apoyo permanente de personal administrativo que pueda agilizar el trabajo.  No se actualiza el material necesario como una simple fotocopiadora obsoleta, que apenas funciona porque posee más de 30 años, siendo con diferencia la más antigua de todo el Ayuntamiento.  No se establece el sistema de red,  a pesar de las continuas peticiones para que se instale por parte de la  técnica de consumo.  Los cables del sistema operativo, de internet, de teléfono se han dejado abandonados en el suelo, en lugar de presérvalos a través de canaletas de protección.

Todo este déficit de medios, materiales e instalaciones, la técnica de consumo ha ido compensándolo, privándose habitualmente del descanso en la jornada laboral,  y si son días de atención al público jamás deja  la oficina, con objeto de atender al mayor número de consumidores.  También se está atendiendo al consumidor, los días que están destinados (por Comisión de Gobierno),  a trabajo de gestión interna.  Lo que  ocasiona que la técnica de Consumo  se vea condicionada a finalizar su jornada laboral,  más alla de la fijada  por el ayuntamiento, realizando innumerables horas extras no compensadas, al objeto de crear el menor retraso en la gestión de las reclamaciones”.

ESTABILIDAD PSÍQUICA DE LA TRABAJADORA

Las críticas de María del Carmen Jiménez van más allá. Mantiene que hay actuaciones municipales que ponen de manifiesto un posible atentado contra su estabilidad psíquica. Para cometer estos presuntos ataques se usan diversos medios. Así “se le rebaja su categoría profesional del grupo de técnico que está acreditado por su contrato de trabajo y  una sentencia del tribunal de lo Social,  al de administrativo (ello conlleva un sueldo menguado considerablemente) ; se la deja encerrada, a oscuras  y sola en el edificio de Santa Brígida donde trabaja,  al dictado de posibles órdenes políticas, lo que le ocasiona  a esta técnica de consumo, unas fuertes crisis de pánico y ansiedad;  se esconde todo rastro de la Oficina de Consumo cuando  se inaugura el edificio, y se oculta el beneficio que reporta al pueblo;   se  viene obstaculizando por la señora alcaldesa el trabajo y la formación de esta técnica de consumo, como cuando se retiran  los carteles que anuncian al consumidor charlas de información sobre temas de consumo de gran relevancia para los intereses del pueblo  ( por ejemplo,  la recuperación económica de la cláusula suelo y los gastos hipotecarios que se han cobrado improcedentemente por los Bancos, pese a lo cual acuden más de 200 personas).  Ello constituye alguna de las situaciones vividas,  ya que la lista sería interminable”.

A pesar de estos ataques, continúa el escrito, la técnica de consumo sigue con su trabajo de asesoramiento, confección de informes,  comunicados de reclamaciones, gestión de mediación con empresas o escritos a instancias superiores con el fin de que el consumidor no se quede en una situación de indefensión.

Afirma que “es un trabajo de carácter técnico especializado, que se paga con retribuciones de administrativo. Permítanme que le ponga un ejemplo;  sería  lo mismo que si se trabajara como médico,  pero  el salario recibido  fuera igual que el que recibe el empleado de mostrador del centro de salud.  Máxima responsabilidad, mayor capacitación,  trabajo más complejo… pero iguales honorarios”.

NUEVO TRASLADO DE LA OFICINA

Jiménez Torrubia afirma que ahora “se quiere dar el golpe de gracia trasladando y desmantelando la oficina del consumidor. Se pide que la propia técnica de consumo realice la mudanza en 24 horas,  de la oficina actual a una oficina de tamaño minúsculo, situada en el edificio de los “Desamparados”.   Ello supone,   incapacitar definitivamente a la técnico, para que no pueda realizar las funciones legales de defensa del consumidor, impidiendo, en primer lugar que en dicho espacio tenga cabida todo el material necesario para la realización de un trabajo suficiente y adecuado.  En segundo lugar desorienta al consumidor, al no encontrar  la oficina de consumo en su lugar habitual.  Tercero,  lleva a cabo una mudanza estéril,  que conllevaría un periodo prolongado, durante el cual los problemas del ciudadano son desatendidos. Cuarto,  dichas instalaciones están desprovistas de un sistema climático en pasillos y zonas de paso, con lo que al consumidor se le vuelve a exponer a los extremos de frio y calor propios de nuestra zona.  Y suma y sigue…”

Advierte que ellos pudiera ser “una maniobra para eliminar la oficina del consumidor dejándola inoperativa. Y con ello dejar al ciudadano sin el único recurso que posee para proteger y defender sus derechos como consumidor ante las posibles actuaciones abusivas e ilegales de grandes empresas”.

Jiménez Torrubia se pregunta si “¿realmente te sientes un ciudadano respetado y cuidado,  con acceso a un trabajo, a una vida digna, a la tranquilidad del derecho de una vivienda, a la recepción de una justicia imparcial, ecuánime y honesta?

Si te quitan el medio o instrumento que te pertenece para reclamar tus derechos como  consumidor/a cuando se produce el  abuso de grandes compañías: telefonía, seguros, electricidad,  bancos,  vendedores de productos inservibles a precio de oro, etc. ¿sigues pensando que te amparan y protegen los responsables pertinentes? “

Señala que el poder lo tiene el ciudadano como persona y como miembro de una comunidad. Por ello pide que no se permita que vapuleen los derechos de esta manera.

La técnica de consumo dice que tiene una máxima en su vida: “No puedo arreglar el mundo entero, pero sí puedo ayudar a que el pequeño mundo que me rodea sea mejor”. Por eso añade que “el silencio,   el “mejor no me meto”,  el “no hacer y esperar que los otros lo hagan por ti”, “el echar la cara a un lado”, nos hace cómplices de todo aquello que no funciona, que nos privan de nuestra seguridad y dignidad personal”.

FIRMAS PARA IMPEDIR EL TRASLADO

Finalmente Jiménez Torrubia en su escrito pide a los ciudadanos que digan “no” al traslado y a la eliminación de la oficina de consumo como servicio público básico, obligatorio y gratuito ya que esta medida podría ser contraria a la legislación vigente”. Y puede decirse “no” firmando contra el traslado en las hojas que hay repartidas por numerosos establecimientos así como “dirigiéndose a los políticos que representan a los ciudadanos expresándoles este pensamiento”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.