AGUILAR. El último pleno municipal celebrado el pasado jueves fue escenario de un momento inaudito en las sesiones plenarias aunque sí que se contempla en el reglamento de organización de los plenos. Y es que una vez terminada la sesión los ediles oyeron a un colectivo ciudadano que quería trasladar una serie de reivindicaciones al Ayuntamiento.
Se trataba de las trabajadoras de ayuda a domicilio que habían asistido a toda la sesión como ya hicieron a la anterior. El abogado del sindicato CTA, Marcos Carrascal, respaldado por un buen número de empleadas de la empresa CLECE argumentó cual es la problemática de las trabajadoras y por qué recurren al Consistorio en busca de ayuda ante su situación.
El abogado indicó a los ediles que por parte de la empresa que gestiona la ayuda a domicilio se han modificado horarios en el puesto de trabajo, no se han respetado las condiciones laborales que mantenían después de la subrogación y hay incorrecciones en el pago de nóminas. Carrascal manifestó que son cuestiones que no se pide al pleno ni al alcalde que las resuelva pero sí que “el Ayuntamiento es parte contratante de la empresa CLECE y tiene facultades de control para comprobar si se cumplen las condiciones firmadas en el contrato”.
En este sentido dijo que en la clausula 17 del pliego de condiciones se fijia como esencial las obligaciones legales en materia laboral. Por este motivo añadió que “sabemos que el Ayuntamiento no puede suplantar a un juzgado pero nos sorprende que no desarrolle actuaciones para controlar los términos del contrato que firmó con la empresa”.
Además, continuó, “la propia empresa ha reconocido que se vulneran los derechos de las trabajadoras”.
Respecto a la inexistencia de sentencias judiciales que se hayan pronunciado sobre el asunto, tal y como se defiende desde el Consistorio, el abogado indicó que no es del todo cierto. De hecho, dijo, hay dos sentencias en las que se declara como hechos probados que CLECE al tiempo de subrogarse en sus servicios “introdujo modificaciones en las jornadas”.
Y este hecho “supone ya un incumplimiento grave como para que el Ayuntamiento desarrolle dentro de sus facultades el seguimiento de este contrato porque hay evidencias y testimonios que permiten indagar”.
El letrado también apeló al Consistorio a que en el futuro las cláusulas del pliego de condiciones permitan algún tipo de sanción por parte del Ayuntamiento en el caso de incumplimiento de las mismas.
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