La Junta apuesta por el turismo rural de la ruta del vino Montilla-Moriles

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Cortijo San Francisco en Aguilar

AGUILAR. El delegado territorial de Turismo de la Junta en Córdoba, Ángel Pimentel, ha iniciado una ronda de visitas por los establecimientos y alojamientos turísticos de la provincia para pulsar el segmento en el arranque de la temporada otoñal y aprovechar “el tirón”, que tras la pandemia, tiene el turismo rural dentro de la conocida como ruta del vino Montilla-Moriles. En este conocido itinerario, se encuentra por ejemplo el alojamiento rural Cortijo San Francisco, del S.XVIII, situado en el municipio de Aguilar de la Frontera.

“Cada vez son más los viajeros que apuestan por este tipo de escapadas o destinos, en pleno contacto con la naturaleza. Aquí, en esta zona de Montilla-Moriles, viene acompañada además del extra que suponen la vendimia, el cultivo y la elaboración artesana de los vinos, invitando a vivir en primera persona una experiencia única”, ha explicado el delegado.

Los alojamientos rurales ubicados dentro de esta ruta del vino, proponen elaborar paquetes turísticos tematizados en torno al vino, su cultivo y elaboración artesanal dentro de la ruta de Montilla-Moriles.

En este sentido, Pimentel ha resaltado el apoyo al sector con ayudas específicas a emprendedores y pequeñas y medianas empresas, para mejorar y relanzar sus negocios, así como para proyectar una imagen de seguridad y de vanguardia, adaptándose a los retos de los nuevos tiempos y necesidades del turista. De igual manera, los empresarios del sector cuentan con medidas como, el decreto de edificabilidad hotelera, u otras herramientas que desde la Consejería que dirige Juan Marín tratan de relanzar el destino después de año y medio de pandemia.

El delegado ha informado de que esta nueva medida busca “mejorar la calidad de los establecimientos turísticos para que sean más competitivos”. Para ello, se permitirá incrementar hasta un 15% la edificabilidad y la ocupación en las parcelas donde exista un establecimiento turístico. En determinados supuestos, este porcentaje podrá alcanzar el 20% para incentivar actuaciones de recalificación que permita a los establecimientos adaptarse a las categorías superiores, y siempre que se modifique el planeamiento urbanístico correspondiente. Según las asociaciones empresariales, podría tener un impacto económico de 2.000 millones de inversión y 7.000 empleos en Andalucía.

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