AGUILAR. Fue el Miércoles Santo del año 2006 cuando el entonces consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, anunció que el Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba se iba a ubicar en Aguilar. Y después de casi once años la actual consejera, María del Carmen Ortiz, ha reconocido que ahora la Junta “va a replantearse el modelo de gestión de los parques agroalimentarios”.
Lo ha dicho en una respuesta a la parlamentaria de IU, Elena Cortés, en la última sesión de la Comisión de Agricultura en el Parlamento de Andalucía. La consejera en su intervención hizo un repaso cronológico por algunos de los hitos históricos de este proyecto que, en su día, se vendió como un auténtico revulsivo económico para el sector agroalimentario de la provincia de Córdoba. La sociedad gestora se creó en abril de 2007 y en la actualidad cuenta con un capital social que ronda los 1,8 millones de euros.
De esta sociedad forman parte el Ayuntamiento de Aguilar, la Consejería de Agricultura por medio de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, Ágapa, la Diputación de Córdoba y la Universidad cordobesa.
Desde IU han afirmado que ahora el gobierno autónomo “tendrá que asumir que ha fracasado el modelo de gestión que vendió miles de puestos de trabajo en Aguilar, y que, hoy, lo único que ha dado como resultado es un terreno lleno de jaramagos”.
Cortés ha criticado que “el 49% del capital social lo pone el ayuntamiento aguilarense, el cual está dedicando actualmente 25.000 euros a la fundación del parque cuando estamos ante un proyecto de la Consejería”.
Asimismo han solicitado información sobre el dinero que se ha invertido en el parque, cuánto resta para culminar la fase de urbanización y cuáles son los compromisos de la Consejería con el mismo.
La consejera informó que en estos momentos las obras en los terrenos están paralizadas porque la situación de crisis económica hace difícil la continuidad. Hasta el momento sólo se ha actuado en una de las fases del proyecto y ni siquiera se ha finalizado.
Precisamente la falta de urbanización fue la causante de la pérdida de una subvención de 800.000 euros procedentes de fondos europeos y que hubiera permitido la construcción del edificio central de servicios.
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